La persistente lluvia que mojó San Miguel de Tucumán desde la tarde de ayer no logró menguar la cantidad de gente que, en dos marchas, recordó el Día de la Memoria con un fuerte reclamo a la presidenta, Cristina Fernández, para que separe del cargo al jefe del Ejército, César Milani.

El militar, que había sido designado en diciembre de 2013, está imputado en una causa que investiga la desaparición del conscripto Alberto Ledo, ocurrida en Monteros, en junio de 1976. La versión oficial del Ejército señalaba que este había desertado, pero luego se supo que el acta de deserción -presuntamente confeccionada y firmada por Milani- había sido falsificada. El fiscal federal N° 1, Carlos Brito, considera que el soldado no había desertado, sino que había sido privado de su libertad y, luego, asesinado. A raíz de ello, imputó a Milani la supuesta falsificación del acta de deserción y el encubrimiento del secuestro y asesinato de Ledo.

Las marchas

La plaza Independencia fue el destino elegido por ambas manifestaciones. La primera arribó a las 18.30. Cinco cuadras ocupaba esta marcha, integrada mayormente por militantes de fuerzas de izquierda -Partido Comunista Revolucionario, Movimiento Socialista de Trabajadores, Darío Santillán, Partido de los Trabajadores Socialistas, Mate Cocido, Pechando el Camión, Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad (dirigida por Alberto Lebbos) y Partido Obrero-, pero también por fuerzas de centro y por gremios: Pueblo Unido, Juventud Radical, Libres del Sur, Central de Trabajadores de la Argentina y Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT.

Dieron vuelta a la manzana y se detuvieron frente a Casa de Gobierno para leer un documento, que incluía severas críticas a los Gobiernos nacional y provincial.

“El nombramiento del genocida Milani al frente del Ejército revela la hipocresía del Gobierno K en materia de derechos humanos. Las pruebas contra él son abrumadoras. Como lo denunció Graciela Ledo (hermana del soldado) estamos volviendo a la Obediencia Debida, que es el argumento que utiliza el juez (Daniel) Bejas para rechazar su indagatoria”, dijeron. En lo que respecta al ámbito local, recordaron el asesinato de Paulina Lebbos. “La sentencia en el juicio a los ex policías de Raco del año pasado dejó en evidencia que la Policía, la Justicia y el Gobierno de (José) Alperovich realizaron todo tipo de acciones para encubrir el crimen y proteger a los criminales”, afirmaron.

La marcha se desmovilizó minutos antes de que ingrese la segunda, integrada por organismos de derechos humanos -Hijos, Madres, Fadetuc y Andhes, entre otros- y por agrupaciones ultrakirchneristas -La Cámpora, Nuevo Encuentro, Kolina y JP Evita, entre otros-. Presidía la marcha una bandera que cuestionaba el Poder Judicial: “contra la corporación judicial que promueve la impunidad, cárcel común a los genocidas”. También circundaron la plaza y leyeron un documento, firmado sólo por los organismos.

“Los condenados (por delitos de lesa humanidad) son una ínfima proporción de los que participaron en el genocidio, y algunos siguen en funciones en las fuerzas armadas, como Milani. Exigimos que sea apartado mientras se sustancie la investigación como posible responsable de delitos de lesa humanidad”, dijeron.

En el texto también criticaron a un sector del Poder Judicial: “los avances en la Justicia se opacaron por nuevas políticas de impunidad, (como) la decisión de la Cámara de Casación, que en noviembre dejó en libertad a los represores condenados en la megacausa Jefatura II-Arsenales II, hasta tanto no quede firme la sentencia”. No fue el único reproche a la Justicia. “La lentitud en el avance de los juicios se convierte en una nueva forma de impunidad que aleja a los genocidas de la cárcel: muchos mueren sin haber sido juzgados. La Justicia se está lavando las manos y apuesta al punto final biológico para resolver la pesada carga de hacer su trabajo”. A esa altura, el grueso de la marcha se mantenía frente a Casa de Gobierno, pese a la intensidad de la lluvia, pero muchos habían buscado resguardo bajo los techos de los comercios que rodean la plaza. Tras leer el documento, se desmovilizaron.

Un árbol recordará a Ramos

Familiares del Eduardo Ramos plantaron un árbol en Pozo de Vargas. El periodista -había trabajado en Canal 10- fue víctima del terrorismo de Estado. La semana pasada sus restos, hallados en esa fosa común, fueron identificados. Ramos tenía 21 años cuando fue secuestrado, el 2 de noviembre de 1976.

Omisión a Hijos Tucumán

La agrupación Hijos, en el ámbito nacional, publicó un afiche para comunicar horas y lugares donde se realizarían las distintas marchas en todo el país. Sin embargo, no aparecen los actos de La Plata, Santiago del Estero y Tucumán. Las tres se mostraron críticas de algunas políticas del Gobierno nacional.